Paises latinoamericanos pro-vida traicionados por sus propios delegados ante la ONU
Por Piero A. Tozzi
(NEW YORK, C-FAM) Los líderes latinoamericanos pro-vida cuestionan el accionar de sus delegaciones durante la reunión de la Comisión sobre Población y Desarrollo (CPD) de las Naciones Unidas que se celebró este año. El panorama es preocupante. Brasil, secundado por Uruguay, insistió acerca de los “derechos reproductivos” a lo largo de la sesión que se extendió por una semana, mientras que sólo dos naciones – Perú y Chile – manifestaron su reserva al afirmar que el aborto aún es ilegal en sus países.
Mientras se daba inicio a la conferencia de la CPD en la semana del 30 de marzo, las naciones en desarrollo, conocidas como el G-77, se reunieron para elaborar posiciones conjuntas, especialmente en lo que respecta al controvertido término de “derechos sexuales y reproductivos”, que apareció en el borrador inicial de la resolución.
Un número de naciones mayoritariamente islámicas propuso que dicha terminología no era apropiada para el Segundo Comité de la Asamblea General, cuyo ámbito se circunscribe a asuntos económico-financieros, y que debía ser debatido en el Tercer Comité, el cual normalmente trata temas sociales controvertidos. Esto debería haber significado una victoria para los pro-vida. Sin embargo, la propuesta fue bloqueada por Brasil, Uruguay y, según trascendió, Colombia, mientras que las delegaciones de Chile, Perú y Honduras dieron un apoyo tácito a la postura de Brasil.
En el transcurso de las negociaciones, Brasil asumió posturas radicales en favor de los derechos reproductivos, y fue sistemáticamente apoyado por Uruguay. Fuentes diversas informaron a Friday Fax que Brasil estaba “trabajando” en particular con las delegaciones de Argentina y Perú para que adhirieran a posturas más extremas, mientras que el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la organización no gubernamental pro-abortista Ipas presionaba a Honduras, el cual es miembro de la comisión sobre Población y Desarrollo, y, por ello, considerado un país clave.
La actuación de los representantes de Honduras fue especialmente decepcionante, ya que se trata de una nación de fuerte tendencia pro-vida, cuya constitución reza: “Al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley”. Fuentes información internas a las negociaciones relataron a Friday Fax que en ciertos momentos parecía que se había permitido que la delegación más radical de Uruguay hablara en lugar de Honduras, y que Honduras había prestado su nombre a dos propuestas controvertidas, una de las cuales pedía que se introdujera el término “servicios reproductivos y de salud”, que ha sido interpretado como una expresión que incluye el aborto. Un segundo cambio solicitado sólo por Honduras fue el de sustituir la referencia de “familia” por la de “familias”. Si bien se trata de una distinción sutil, quienes están dentro a veces consideran que la forma plural comprende también las uniones no convencionales, como ser las homosexuales. De hecho, esta interpretación fue propuesta por la administración Obama, el mes pasado, en la reunión de la “Comisión sobre la condición de la mujer”, cuando se hicieron observaciones sobre unos instructivos de la ONU que aludían a “diferentes formas de familia”.
La delegación uruguaya fue criticada por estar ideológicamente influenciada. Hace un año, Uruguay fue representado en la CPD por un demógrafo profesional del Instituto Nacional de Estadística, quien ofreció presentó en forma objetiva y no ideológica los desafíos que constituyen para desarrollo del país el hecho de que la población esté envejeciendo y los jóvenes, emigrando. Este año, no obstante, el país envió un representante político del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien elogió los esfuerzos para alcanzar una “reducción de la fertilidad” como parte de las medidas actuales de “salud sexual y reproductiva”.
Por el contrario, pese a los esfuerzos de ciertos delegados mexicanos pro-abortistas, entre los que se encuentra un miembro del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), los cuales tendían a que la delegación de México avanzara en la introducción de términos relacionados con los derechos reproductivos, el país moderó su postura hacia mediados de la semana. Algunos han atribuido este giro a una intervención directa de la capital mexicana.
Del mismo modo, según Carlos Polo, director de la oficina latinoamericana del Instituto de Investigación sobre Población, la postura de la delegación peruana cambió en el transcurso de la semana debido a la intervención directa de Lima. La mayoría de los países latinoamericanos estuvo ausente o guardó silencio durante las negociaciones, lo cual, en la práctica, implicó el apoyo tácito a los radicales, ya que estos últimos
condujeron la reunión y controlaron la agenda. Cynthia Mejía, ciudadana de la República Dominicana que estuvo presente en la conferencia de la CPD, expresó su desilusión ante el hecho de que su país no se uniera a Perú y a Chile, los cuales expresaron reservas en aquellos casos en los que la legislación nacional prohíbe el aborto. Algunos críticos también cuestionaron la postura tendenciosa de la presidente de la conferencia, Elena Zúñiga Herrera, a quien se responsabilizó del énfasis puesto en el texto del borrador inicial en lo que respecta a los derechos de salud y reproductivos, y a reducción de la fertilidad. Se percibe en ella una inclinación en favor del aborto. Los mexicanos pro-vida advierten que, como ex-directiva de CONAPO, agencia gubernamental mexicana a cargo de los programas de población, Zúñiga Herrera presionó para que se aprobara la pastilla del día después, de la cual se dice que puede ser abortiva. Al término de la conferencia, sólo Perú y Chile reafirmaron claramente las leyes y constituciones pro-vida de sus países, siendo la postura peruana la más firme de las dos. Otras naciones latinoamericanas cuyas constituciones protegen explícitamente a los no nacidos, entre las que se encuentran Guatemala y Paraguay, guardaron silencio.
lunes, 20 de abril de 2009
viernes, 17 de abril de 2009
ECOS DEL FORO
El Defensor del Pueblo navarro remite a Enrique Mújica un manifiesto contra el aborto
Miércoles, 15-04-09, Diario ABC
A.LARDIÉS
PAMPLONA. El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, ha remitido el manifiesto contra el aborto del «Foro Desarrollo y Progreso» al Defensor del Pueblo en las Cortes Generales, Enrique Múgica, por estimarlo de su competencia, «ya que no se dirige contra actos o disposiciones de las Administraciones Públicas de Navarra». Dicho texto es una defensa a ultranza de la vida avalada por 1.750 firmas de navarros y es una herramienta más de las organizaciones contrarias al aborto para impedir la reforma de la ley de la interrupción del embarazo que prepara el Ministerio de Igualdad.
En un comunicado, la institución navarra recordó ayer que el pasado 1 de abril el «Foro Desarrollo yProgreso» entregó en sus oficinas un manifiesto titulado «Vida y progreso», que contenía una queja contraria al aborto y de la legislación que lo regula.
Tras estudiar el documento, y teniendo en cuenta el ámbito de competencias que la Ley delimita al Defensor del Pueblo de Navarra, éste no apreció que pudiera realizar ninguna actuación en relación con la queja, «cuya supervisión no entra en el ámbito competencial del Defensor navarro, sino que es un tema que atañe exclusivamente al poder legislativo del Estado».
Órgano competente
Además, la institución navarra ha transmitido a la plataforma «Foro Desarrollo y Progreso» los motivos del traslado y les ha indicado que el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales «es la institución legalmente competente al respecto». En su queja, la plataforma «Foro Desarrollo y Progreso» afirma que la práctica del aborto en España «se lleva a cabo, en la inmensa mayoría de los casos, vulnerando los límites previstos por el legislador», informó Efe. La plataforma propone reflexionar sobre el aborto, «al margen de opciones políticas o ideológicas, así como de intereses partidistas, económicos o empresariales».
Asimismo, insta a analizar la repercusión demográfica del aborto, «las consecuencias de la disminución de la población española y la repercusión en el crecimiento del bienestar de la sociedad y en el mantenimiento del sistema de pensiones y Seguridad Social». También postula estudiar médicamente las consecuencias del aborto, «desde un punto de vista psicológico y psiquiátrico, en las madres que lo han llevado a cabo, para explicárselas en el futuro a las madres que lo solicitan».
Igualmente, sugiere que los profesionales sanitarios informen a las solicitantes «de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo y de la existencia de medidas de asistencia social y de orientación familiar que puedan ayudarle».
Secuelas psicológicas
Y es que, como ya ha informado ABC en numerosas ocasiones, muchas de las mujeres que abortan se encuentran pasado el tiempo con secuelas psicológicas con las que no contaban cuanto tomaron la decisión de abortar.
La plataforma concluye solicitando el establecimiento de una red pública de apoyo a las mujeres embarazadas para llevar adelante su gestación, «a través de ayudas económicas y de una asistencia integral que dé respuesta a las necesidades sanitarias, sociales, residenciales, de atención a la primera infancia y de formación para el empleo, entre otras».
Es decir, la propuesta de que se otorguen ayudas a las madres para que no se vean abocadas a interrumpir su embarazo. Una de las demandas clásicas de las organizaciones contrarias al aborto y a su posible reforma.
DIARIO DE NAVARRA 15 Abril 2009
Enériz deriva al Defensor del Pueblo nacional la demanda del foro contra el aborto
- Considera que no es de su competencia al tratarse de una ley nacional y no de la Administración foral
DN . PAMPLONA Miércoles, 15 de abril de 2009 -
El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, anunció ayer su decisión de trasladar a su homólogo nacional el manifiesto presentado por la plataforma Foro Desarrollo y Progreso en contra del aborto.
El manifiesto, titulado Vida y progreso, llegó al Defensor junto con 1.570 firmas en rechazo a la reforma de la ley del aborto prevista por el Ejecutivo central. Es precisamente por tratarse de una ley nacional por lo que Enériz ha decidido remitir esta demanda al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales, Enrique Múgica. "No aprecio que pudiera realizar ninguna actuación en relación con la queja, ya que no se dirige contra actos o disposiciones de las Administraciones públicas de Navarra, sino que es un tema que ataña exclusivamente al poder legislativo del Estado", precisaron en un comunicado desde la oficina de Enériz. Ahora será Múgica quien decida si admite o no la queja de la plataforma.
El Foro Desarrollo y Progreso solicita una reflexión sobre el aborto y recuerda que la Constitución Española "reconoce que todos tienen derecho a la vida". Es más, argumentan que la ley de 1985, "estableció que el aborto, manteniendo su tipificación de delito, no es castigable en tres supuestos concretos, por lo que no cabe hablar de un derecho al aborto".
En lugar de ampliar estos supuestos, la plataforma solicita la creación de una red pública de apoyo a las mujeres embarazadas "para llevar adelante la gestación, a través de ayudas económicas y una asistencia integral.
Miércoles, 15-04-09, Diario ABC
A.LARDIÉS
PAMPLONA. El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, ha remitido el manifiesto contra el aborto del «Foro Desarrollo y Progreso» al Defensor del Pueblo en las Cortes Generales, Enrique Múgica, por estimarlo de su competencia, «ya que no se dirige contra actos o disposiciones de las Administraciones Públicas de Navarra». Dicho texto es una defensa a ultranza de la vida avalada por 1.750 firmas de navarros y es una herramienta más de las organizaciones contrarias al aborto para impedir la reforma de la ley de la interrupción del embarazo que prepara el Ministerio de Igualdad.
En un comunicado, la institución navarra recordó ayer que el pasado 1 de abril el «Foro Desarrollo yProgreso» entregó en sus oficinas un manifiesto titulado «Vida y progreso», que contenía una queja contraria al aborto y de la legislación que lo regula.
Tras estudiar el documento, y teniendo en cuenta el ámbito de competencias que la Ley delimita al Defensor del Pueblo de Navarra, éste no apreció que pudiera realizar ninguna actuación en relación con la queja, «cuya supervisión no entra en el ámbito competencial del Defensor navarro, sino que es un tema que atañe exclusivamente al poder legislativo del Estado».
Órgano competente
Además, la institución navarra ha transmitido a la plataforma «Foro Desarrollo y Progreso» los motivos del traslado y les ha indicado que el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales «es la institución legalmente competente al respecto». En su queja, la plataforma «Foro Desarrollo y Progreso» afirma que la práctica del aborto en España «se lleva a cabo, en la inmensa mayoría de los casos, vulnerando los límites previstos por el legislador», informó Efe. La plataforma propone reflexionar sobre el aborto, «al margen de opciones políticas o ideológicas, así como de intereses partidistas, económicos o empresariales».
Asimismo, insta a analizar la repercusión demográfica del aborto, «las consecuencias de la disminución de la población española y la repercusión en el crecimiento del bienestar de la sociedad y en el mantenimiento del sistema de pensiones y Seguridad Social». También postula estudiar médicamente las consecuencias del aborto, «desde un punto de vista psicológico y psiquiátrico, en las madres que lo han llevado a cabo, para explicárselas en el futuro a las madres que lo solicitan».
Igualmente, sugiere que los profesionales sanitarios informen a las solicitantes «de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo y de la existencia de medidas de asistencia social y de orientación familiar que puedan ayudarle».
Secuelas psicológicas
Y es que, como ya ha informado ABC en numerosas ocasiones, muchas de las mujeres que abortan se encuentran pasado el tiempo con secuelas psicológicas con las que no contaban cuanto tomaron la decisión de abortar.
La plataforma concluye solicitando el establecimiento de una red pública de apoyo a las mujeres embarazadas para llevar adelante su gestación, «a través de ayudas económicas y de una asistencia integral que dé respuesta a las necesidades sanitarias, sociales, residenciales, de atención a la primera infancia y de formación para el empleo, entre otras».
Es decir, la propuesta de que se otorguen ayudas a las madres para que no se vean abocadas a interrumpir su embarazo. Una de las demandas clásicas de las organizaciones contrarias al aborto y a su posible reforma.
DIARIO DE NAVARRA 15 Abril 2009
Enériz deriva al Defensor del Pueblo nacional la demanda del foro contra el aborto
- Considera que no es de su competencia al tratarse de una ley nacional y no de la Administración foral
DN . PAMPLONA Miércoles, 15 de abril de 2009 -
El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, anunció ayer su decisión de trasladar a su homólogo nacional el manifiesto presentado por la plataforma Foro Desarrollo y Progreso en contra del aborto.
El manifiesto, titulado Vida y progreso, llegó al Defensor junto con 1.570 firmas en rechazo a la reforma de la ley del aborto prevista por el Ejecutivo central. Es precisamente por tratarse de una ley nacional por lo que Enériz ha decidido remitir esta demanda al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales, Enrique Múgica. "No aprecio que pudiera realizar ninguna actuación en relación con la queja, ya que no se dirige contra actos o disposiciones de las Administraciones públicas de Navarra, sino que es un tema que ataña exclusivamente al poder legislativo del Estado", precisaron en un comunicado desde la oficina de Enériz. Ahora será Múgica quien decida si admite o no la queja de la plataforma.
El Foro Desarrollo y Progreso solicita una reflexión sobre el aborto y recuerda que la Constitución Española "reconoce que todos tienen derecho a la vida". Es más, argumentan que la ley de 1985, "estableció que el aborto, manteniendo su tipificación de delito, no es castigable en tres supuestos concretos, por lo que no cabe hablar de un derecho al aborto".
En lugar de ampliar estos supuestos, la plataforma solicita la creación de una red pública de apoyo a las mujeres embarazadas "para llevar adelante la gestación, a través de ayudas económicas y una asistencia integral.
miércoles, 15 de abril de 2009
VICTORIA PRO-VIDA EN LA ONU MODERADA
Victoria pro-vida en la ONU moderada por tendencias problemáticas.
Por Samantha Singson y Piero A. Tozzi.
(NEW YORK - C-FAM) La victoria de la semana pasada a favor de la vida en la Comisión de Población y Desarrollo (CPD) en las Naciones Unidas (ONU) tuvo algunos contratiempos. Mientras había dramatismo de última hora sobre la cuestión del aborto, otro tipo de lenguaje preocupaba a los críticos a favor de la familia ya que lo querían incluir en el documento.
Una disposición exige "la educación sexual". Otra de las llamadas para la formación y el equipamiento de los proveedores de servicios de salud para realizar "abortos seguros". La Asamblea General rechazó el Objetivo de Desarrollo del Milenio de "acceso universal a la salud reproductiva”. Los delegados hicieron hincapié en que nada en el documento debe ser interpretado para apoyar, promover o ratificar el aborto y el nuevo documento no vinculante "no crea nuevos derechos", varias frases se incluyeron en el documento sin definiciones precisas. Organismos de las Naciones Unidas (ONU) y comités utilizan dicho lenguaje impreciso para influenciar a los gobiernos a cambiar sus leyes en materia de política social.
En el nuevo documento de la CPD se ha acordado un nuevo lenguaje que insita a "brindar a los jóvenes una educación integral sobre la sexualidad humana." El documento no define "la sexualidad humana", por lo que organismos de las Naciones Unidas y Comités a su vez, probablemente determinen las definiciones técnicas previstas por otras instituciones de las Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS afirma que "... la sexualidad abarca el sexo, el género, identidades y roles de género, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad, y la reproducción". La definición también explica que, "La sexualidad se vive y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones". Es probable que muchos de los delegados que permiten "la sexualidad humana" en el documento de la CPD no estén conscientes de la definición de la OMS. Sharon Slater de la Asociación Family Watch International argumentó la semana pasada en contra del lenguaje de la "sexualidad humana" por medio de un folleto patrocinado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que fue distribuido hace unos años en México el cual tiene una sorprendente similitud con la definición de la OMS. El folleto "enseña a los jóvenes que una persona puede tener el placer sexual" con "objetos inanimados, animales o menores" o con una "persona sin consentimiento." Ella también utilizó un manual del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) sobre educación sexual que enseña a los niños que “es común que los niños tengan frecuentes relaciones sexuales con otros muchachos." Las definiciones de la OMS no son creadas por los gobiernos y nunca han sido aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud [la asamblea general de los Estados miembros de la OMS]. Las definiciones técnicas de este tipo se crean a veces desde ideologías impulsadas por el personal y los burócratas "expertos" Otra área de preocupación en el nuevo documento de la CPD es una disposición que pide a los sistemas de salud "capacitar y equipar a los proveedores de servicios de salud" y "adoptar las medidas para asegurar que el aborto sea seguro y accesible”. Los críticos temen que este lenguaje podría ser utilizado para eliminar el derecho a la objeción de conciencia de los trabajadores de la salud que se niegan a realizar o recomendar el aborto. El documento de la CPD también contiene dos referencias a un polémico objetivo de desarrollo del Milenio sobre "el acceso universal a la salud reproductiva", que comenzó a aparecer en la literatura de las Naciones Unidas en el 2007, a pesar de la presión de muchos países que insisten en que dentro de los nuevos objetivos no se habían acordado por los estados miembros de la ONU en el proceso de negociación del 2000 y del 2005 en el proceso de revisión. El UNFPA ha utilizado la supuesta nueva meta para pedir un mayor financiamiento de los programas de planificación familiar de la ONU.
Por Samantha Singson y Piero A. Tozzi.
(NEW YORK - C-FAM) La victoria de la semana pasada a favor de la vida en la Comisión de Población y Desarrollo (CPD) en las Naciones Unidas (ONU) tuvo algunos contratiempos. Mientras había dramatismo de última hora sobre la cuestión del aborto, otro tipo de lenguaje preocupaba a los críticos a favor de la familia ya que lo querían incluir en el documento.
Una disposición exige "la educación sexual". Otra de las llamadas para la formación y el equipamiento de los proveedores de servicios de salud para realizar "abortos seguros". La Asamblea General rechazó el Objetivo de Desarrollo del Milenio de "acceso universal a la salud reproductiva”. Los delegados hicieron hincapié en que nada en el documento debe ser interpretado para apoyar, promover o ratificar el aborto y el nuevo documento no vinculante "no crea nuevos derechos", varias frases se incluyeron en el documento sin definiciones precisas. Organismos de las Naciones Unidas (ONU) y comités utilizan dicho lenguaje impreciso para influenciar a los gobiernos a cambiar sus leyes en materia de política social.
En el nuevo documento de la CPD se ha acordado un nuevo lenguaje que insita a "brindar a los jóvenes una educación integral sobre la sexualidad humana." El documento no define "la sexualidad humana", por lo que organismos de las Naciones Unidas y Comités a su vez, probablemente determinen las definiciones técnicas previstas por otras instituciones de las Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS afirma que "... la sexualidad abarca el sexo, el género, identidades y roles de género, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad, y la reproducción". La definición también explica que, "La sexualidad se vive y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones". Es probable que muchos de los delegados que permiten "la sexualidad humana" en el documento de la CPD no estén conscientes de la definición de la OMS. Sharon Slater de la Asociación Family Watch International argumentó la semana pasada en contra del lenguaje de la "sexualidad humana" por medio de un folleto patrocinado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que fue distribuido hace unos años en México el cual tiene una sorprendente similitud con la definición de la OMS. El folleto "enseña a los jóvenes que una persona puede tener el placer sexual" con "objetos inanimados, animales o menores" o con una "persona sin consentimiento." Ella también utilizó un manual del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) sobre educación sexual que enseña a los niños que “es común que los niños tengan frecuentes relaciones sexuales con otros muchachos." Las definiciones de la OMS no son creadas por los gobiernos y nunca han sido aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud [la asamblea general de los Estados miembros de la OMS]. Las definiciones técnicas de este tipo se crean a veces desde ideologías impulsadas por el personal y los burócratas "expertos" Otra área de preocupación en el nuevo documento de la CPD es una disposición que pide a los sistemas de salud "capacitar y equipar a los proveedores de servicios de salud" y "adoptar las medidas para asegurar que el aborto sea seguro y accesible”. Los críticos temen que este lenguaje podría ser utilizado para eliminar el derecho a la objeción de conciencia de los trabajadores de la salud que se niegan a realizar o recomendar el aborto. El documento de la CPD también contiene dos referencias a un polémico objetivo de desarrollo del Milenio sobre "el acceso universal a la salud reproductiva", que comenzó a aparecer en la literatura de las Naciones Unidas en el 2007, a pesar de la presión de muchos países que insisten en que dentro de los nuevos objetivos no se habían acordado por los estados miembros de la ONU en el proceso de negociación del 2000 y del 2005 en el proceso de revisión. El UNFPA ha utilizado la supuesta nueva meta para pedir un mayor financiamiento de los programas de planificación familiar de la ONU.
martes, 7 de abril de 2009
BUENAS NOTICIAS EN LA PRENSA DE HOY
Valencia protegerá a las embarazadas con una ley que incluye rentas en caso de necesidad
ABC
«No se trata de echar ningún pulso a nadie, sino de trabajar a favor de los ciudadanos». De esta forma defendía ayer el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, la nueva ley de protección a la Maternidad que está en trámites de aprobación y que forma parte «de una política coherente de apoyo de la familia que se aplica desde que el PP gobierna en la Comunidad Valenciana».
Camps presidió ayer la reunión de la Comisión Interdepartamental de apoyo a la Maternidad en la que participan los consellers de Economía, Bienestar Social, Sanidad, Educación, Justicia y Ciudadanía, y adelantó algunas de las medidas que incluirá la normativa. La principal es que, por primera vez, todas las ayudas podrán solicitarse desde el primer momento que exista acreditación médica del embarazo, por lo que no habrá que esperar al nacimiento, con lo que se adelanta en nueve meses los beneficios para la familia.
Un miembro familiar más
Se trata de un cambio muy importante, ya que se considera el hijo no nacido como un miembro más de la familia a la hora de obtener cualquier ayuda de la Administración, como las subvenciones escolares o de acceso a la vivienda.
Con esta ley «se amplían y multiplican hasta el límite competencial que nos corresponde otras iniciativas puestas en marcha hacia lo que de una u otra manera entendemos es apoyo directo a las familias», según señaló Camps, quien destacó que se ha implicado a distintas consellerias que aprobarán una «batería de medidas» en distintos ámbitos con el objetivo de ayudar a las madres gestantes para que puedan llevar a término su embarazo.
En este sentido, el presidente de la Generalitat recordó que la natalidad garantizará en el futuro la prestación de servicios sociales tan importantes como las pensiones. La Comunidad Valenciana tiene en estos momentos una población envejecida, con cien mil ancianos más que niños cuyas edades oscilan entre los cero y los catorce años y una tasa de natalidad que no supera los 1,4 hijos por mujer.
Madres menores de edad
La nueva ley contemplará también medidas especiales para la atención a gestantes menores de edad, a las que se ofrecerá apoyo psicológico, educativo y personal en el centro docente y en su domicilio. Incluso. en caso de necesidad tendrán acceso a la renta garantizada. Esta medidas se ampliarán también a las embarazadas discapacitadas. Todas las medidas se aplicarán con independencia de la nacionalidad de las madres y de sus circunstancias personales y sociales.
La nueva normativa prevé además la creación de Centros de Atención a la Maternidad y Paternidad, así como Centros Asistenciales y Sanitarios y equipos itinerantes que podrán atender, informar y asesorar a madres gestantes en sus propias casas. Además, se habilitará un teléfono gratuito para ayudar a las familias.
Redes de voluntariado
Otra de las novedades que recoge la ley es la creación, también de forma pionera, de redes de voluntariado que implicarán a la sociedad civil con aquellas personas que necesitan su ayuda. Dentro de estas redes de ayuda se incluyen las familias que acogerán y ayudarán en sus propias casas a madres gestantes sin recursos
Valencia adelanta los beneficios por maternidad al momento de la concepción
LA RAZÓN
valencia- El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, junto a la mitad de su gabinete, anunció ayer todas las medidas fiscales, sociales y de todo tipo, de las que se beneficiarán las embarazadas valencianas desde el momento de la concepción, y no del nacimiento, como venía siendo norma hasta ahora. El presidente valenciano dijo que con estas medidas no pretendía «echar un pulso a nadie» sino «apostar por la natalidad ensanchando la cancha de la ley autonómica hasta el límite del espacio competencial». Así, entre los beneficios de esta futura ley destacan que las ayudas como la renta garantizada se pagarán por un miembro más de la familia desde que el médico certifique el embarazo. También las deducciones autonómicas por la maternidad se adelantan al momento de la concepción para todos los casos. Además, se prima a las familias numerosas en la baremación para obtener una plaza escolar, y también se computa desde el momento del embarazo. En materia sanitaria, se pagará la prestación farmacológica de los hijos de mujeres en riesgo de exclusion social, de las madres menores de edad o con alguna deficiencia mental desde el momento del nacimiento hasta los 18 meses. También se contabilizará al no nacido como un miembro más de la familia, para así acceder a ayudas a la vivienda e incluso a su adjudicación. Camps concluyó que estas medidas eran económicamente «asumibles».
Los no nacidos, igual que los nacidos
EL MUNDO
El Gobierno valenciano recuperó ayer fuelle político con la presentación de un anteproyecto de ley de protección a la maternidad que puede provocar un importante debate político y jurídico. La iniciativa es una réplica a la intención del Gobierno socialista de sacar adelante una nueva Ley del Aborto, aunque el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que se ha implicado personalmente en este asunto, ha asegurado que el proyecto «no es un pulso a nadie».
Jurídicamente, la ley supone que, por primera vez en España, una administración va a conceder a las mujeres embarazadas ayudas de carácter fiscal, social o sanitario sólo con el certificado médico que acredite su estado, sin esperar al alumbramiento del feto.
Esta es la principal novedad de un texto que el Ejecutivo autonómico aprobará en las próximas semanas y que, según el presidente, forma parte de su política «de apoyo a la familia» y persigue «el fomento de la natalidad».
El ordenamiento español establece que el nacimiento determina la personalidad civil, aunque es un tanto ambiguo y permite que un no nacido herede los bienes de su padre, si éste muere durante la gestación. Según el artículo 29 del Código Civil «el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables».Pero el número 30 dice que, «para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere 24 horas enteramente desprendido del seno materno». Desde la Generalitat se puntualiza que es la madre la preceptora de las ayudas, aunque no se niega el debate jurídico.
La ley valenciana permitirá a las mujeres embarazadas aplicarse deducciones fiscales del tramo autonómico por nacimiento desde el momento de la concepción. Además, serán familia numerosa automáticamente si cumplen los requisitos (tres hijos) y esta consideración se aplicará en la búsqueda de una plaza escolar pública.
Asimismo, se agilizarán los trámites para dar a los niños en adopción, se costeará todo el gasto farmacéutico a los bebes de hasta 18 meses cuando la mujer sea menor o esté en riesgo de exclusión social, se subvencionará con hasta 600 euros mensuales a las madres sin recursos económicos y se facilitará la creación de redes de voluntarios de apoyo a las gestantes y mamás primerizas.Todo para garantizar y proteger el derecho de la madre a seguir adelante con su embarazo.
ABC
«No se trata de echar ningún pulso a nadie, sino de trabajar a favor de los ciudadanos». De esta forma defendía ayer el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, la nueva ley de protección a la Maternidad que está en trámites de aprobación y que forma parte «de una política coherente de apoyo de la familia que se aplica desde que el PP gobierna en la Comunidad Valenciana».
Camps presidió ayer la reunión de la Comisión Interdepartamental de apoyo a la Maternidad en la que participan los consellers de Economía, Bienestar Social, Sanidad, Educación, Justicia y Ciudadanía, y adelantó algunas de las medidas que incluirá la normativa. La principal es que, por primera vez, todas las ayudas podrán solicitarse desde el primer momento que exista acreditación médica del embarazo, por lo que no habrá que esperar al nacimiento, con lo que se adelanta en nueve meses los beneficios para la familia.
Un miembro familiar más
Se trata de un cambio muy importante, ya que se considera el hijo no nacido como un miembro más de la familia a la hora de obtener cualquier ayuda de la Administración, como las subvenciones escolares o de acceso a la vivienda.
Con esta ley «se amplían y multiplican hasta el límite competencial que nos corresponde otras iniciativas puestas en marcha hacia lo que de una u otra manera entendemos es apoyo directo a las familias», según señaló Camps, quien destacó que se ha implicado a distintas consellerias que aprobarán una «batería de medidas» en distintos ámbitos con el objetivo de ayudar a las madres gestantes para que puedan llevar a término su embarazo.
En este sentido, el presidente de la Generalitat recordó que la natalidad garantizará en el futuro la prestación de servicios sociales tan importantes como las pensiones. La Comunidad Valenciana tiene en estos momentos una población envejecida, con cien mil ancianos más que niños cuyas edades oscilan entre los cero y los catorce años y una tasa de natalidad que no supera los 1,4 hijos por mujer.
Madres menores de edad
La nueva ley contemplará también medidas especiales para la atención a gestantes menores de edad, a las que se ofrecerá apoyo psicológico, educativo y personal en el centro docente y en su domicilio. Incluso. en caso de necesidad tendrán acceso a la renta garantizada. Esta medidas se ampliarán también a las embarazadas discapacitadas. Todas las medidas se aplicarán con independencia de la nacionalidad de las madres y de sus circunstancias personales y sociales.
La nueva normativa prevé además la creación de Centros de Atención a la Maternidad y Paternidad, así como Centros Asistenciales y Sanitarios y equipos itinerantes que podrán atender, informar y asesorar a madres gestantes en sus propias casas. Además, se habilitará un teléfono gratuito para ayudar a las familias.
Redes de voluntariado
Otra de las novedades que recoge la ley es la creación, también de forma pionera, de redes de voluntariado que implicarán a la sociedad civil con aquellas personas que necesitan su ayuda. Dentro de estas redes de ayuda se incluyen las familias que acogerán y ayudarán en sus propias casas a madres gestantes sin recursos
Valencia adelanta los beneficios por maternidad al momento de la concepción
LA RAZÓN
valencia- El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, junto a la mitad de su gabinete, anunció ayer todas las medidas fiscales, sociales y de todo tipo, de las que se beneficiarán las embarazadas valencianas desde el momento de la concepción, y no del nacimiento, como venía siendo norma hasta ahora. El presidente valenciano dijo que con estas medidas no pretendía «echar un pulso a nadie» sino «apostar por la natalidad ensanchando la cancha de la ley autonómica hasta el límite del espacio competencial». Así, entre los beneficios de esta futura ley destacan que las ayudas como la renta garantizada se pagarán por un miembro más de la familia desde que el médico certifique el embarazo. También las deducciones autonómicas por la maternidad se adelantan al momento de la concepción para todos los casos. Además, se prima a las familias numerosas en la baremación para obtener una plaza escolar, y también se computa desde el momento del embarazo. En materia sanitaria, se pagará la prestación farmacológica de los hijos de mujeres en riesgo de exclusion social, de las madres menores de edad o con alguna deficiencia mental desde el momento del nacimiento hasta los 18 meses. También se contabilizará al no nacido como un miembro más de la familia, para así acceder a ayudas a la vivienda e incluso a su adjudicación. Camps concluyó que estas medidas eran económicamente «asumibles».
Los no nacidos, igual que los nacidos
EL MUNDO
El Gobierno valenciano recuperó ayer fuelle político con la presentación de un anteproyecto de ley de protección a la maternidad que puede provocar un importante debate político y jurídico. La iniciativa es una réplica a la intención del Gobierno socialista de sacar adelante una nueva Ley del Aborto, aunque el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que se ha implicado personalmente en este asunto, ha asegurado que el proyecto «no es un pulso a nadie».
Jurídicamente, la ley supone que, por primera vez en España, una administración va a conceder a las mujeres embarazadas ayudas de carácter fiscal, social o sanitario sólo con el certificado médico que acredite su estado, sin esperar al alumbramiento del feto.
Esta es la principal novedad de un texto que el Ejecutivo autonómico aprobará en las próximas semanas y que, según el presidente, forma parte de su política «de apoyo a la familia» y persigue «el fomento de la natalidad».
El ordenamiento español establece que el nacimiento determina la personalidad civil, aunque es un tanto ambiguo y permite que un no nacido herede los bienes de su padre, si éste muere durante la gestación. Según el artículo 29 del Código Civil «el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables».Pero el número 30 dice que, «para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere 24 horas enteramente desprendido del seno materno». Desde la Generalitat se puntualiza que es la madre la preceptora de las ayudas, aunque no se niega el debate jurídico.
La ley valenciana permitirá a las mujeres embarazadas aplicarse deducciones fiscales del tramo autonómico por nacimiento desde el momento de la concepción. Además, serán familia numerosa automáticamente si cumplen los requisitos (tres hijos) y esta consideración se aplicará en la búsqueda de una plaza escolar pública.
Asimismo, se agilizarán los trámites para dar a los niños en adopción, se costeará todo el gasto farmacéutico a los bebes de hasta 18 meses cuando la mujer sea menor o esté en riesgo de exclusión social, se subvencionará con hasta 600 euros mensuales a las madres sin recursos económicos y se facilitará la creación de redes de voluntarios de apoyo a las gestantes y mamás primerizas.Todo para garantizar y proteger el derecho de la madre a seguir adelante con su embarazo.
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